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El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) advirtió este martes de "un recrudecimiento perverso de la represión" del gobierno de Daniel Ortega en el contexto de la crisis política que afecta al país desde hace un año.
La presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, destacó en la presentación de un informe sobre la violación de derechos humanos entre octubre y abril el uso de nuevas modalidades represivas, mediante la criminalización de la protesta, violencia institucional, encarcelamiento y secuestros selectivos.
El Cenidh responsabiliza al gobierno de Ortega por la muerte de 323 personas en el contexto de las protestas antigubernamentales, y denuncia que sus casos permanecen en la impunidad.
El Cenidh, cuyas instalaciones fueron ocupadas por la policía tras la suspensión de su personería jurídica en diciembre, ha documentado las violaciones de derechos humanos ocurridas tras el estallido de las protestas en abril del 2018.
Durante la presentación del informe, Núñez comentó que las autoridades podrían estar ensayando nuevas formas de represión, que tendrían su expresión en el secuestro de la dirigente estudiantil Zaida Hernández, de 26 años, quien estuvo desaparecida del viernes al domingo, como una forma de "aterrorizar" a la población.
Hernández fue llevada por desconocidos cuando intentaba participar en una protesta por la muerte del opositor Eddy Montes, ocurrida dentro de la cárcel donde están recluidos centenares de personas detenidas por participar en las protestas.
Núñez mencionó que se ha instalado "un estado policial" y un sistema "perverso de espionaje" a través de los Consejos de Poder Ciudadano (CPC), una estructura partidaria que funciona en los barrios y son los encargados de vigilar y denunciar a sus vecinos.
Señaló que ha aumentado la "militarización en las calles y se utiliza a la fuerza pública de manera arbitraria e indiscriminada" contra los manifestantes, al tiempo que se han ocupado los espacios públicos para evitar manifestaciones, añade el informe.
El período analizado incluye la suspensión de la personería jurídica de organismos de la sociedad civil y de derechos humanos, incluyendo el Cenidh, la ocupación y cierre de medios de comunicación y la detención de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, del clausurado canal de televisión 100% Noticias.